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En términos simples, la ciudadanía por nacimiento es el principio legal que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos obtiene automáticamente la ciudadanía. Este principio está respaldado por la Cláusula de Ciudadanía, que se encuentra en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución política de los Estados Unidos.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, titulada "Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense". Esta orden buscaba reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, con el objetivo de eliminar la ciudadanía automática para niños nacidos en EE.UU. de padres no ciudadanos que no fueran residentes legales permanentes.
La orden ejecutiva afectaba específicamente a dos grupos:
La orden establecía que estas disposiciones aplicarían a personas nacidas 30 días o más después de su emisión, es decir, a partir del 19 de febrero de 2025.
La orden ejecutiva enfrentó una oposición legal inmediata. Se presentaron al menos diez demandas por parte de distintos demandantes, incluidos 22 fiscales generales estatales, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes, argumentando que la orden violaba la Decimocuarta Enmienda. Varios jueces federales emitieron medidas cautelares para bloquear su aplicación:
Estado de Washington v. Trump: El 23 de enero, el juez John C. Coughenour bloqueó temporalmente la orden, calificándola de "flagrantemente inconstitucional".
CASA Inc. v. Trump: El 5 de febrero, la jueza Deborah Boardman emitió una inhibición preliminar a nivel nacional, señalando que la orden "contradice el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda".
New Hampshire Indonesian Community Support v. Trump: El 10 de febrero, el juez Joseph N. Laplante bloqueó la orden con una medida cautelar.
Estado de Nueva Jersey v. Trump: El 13 de febrero, el juez Leo Sorokin emitió otra inhibición preliminar a nivel nacional, enfatizando que la Constitución "confiere la ciudadanía por nacimiento de manera amplia".
Estas decisiones judiciales reflejan los grandes desafíos legales que enfrenta cualquier intento de modificar la interpretación histórica de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
Al 7 de marzo de 2025, la orden ejecutiva sigue sin poder aplicarse debido a múltiples medidas cautelares a nivel nacional. El Departamento de Justicia ha apelado estos fallos, y se espera que el caso avance en los tribunales de apelaciones, con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de EE.UU. para una resolución definitiva. Estas batallas legales en curso resaltan la complejidad de interpretar disposiciones constitucionales y los desafíos de modificar leyes de ciudadanía establecidas.
En conclusión, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un pilar fundamental de la identidad estadounidense. Aunque recientes acciones ejecutivas han intentado redefinir su alcance, hasta ahora el poder judicial ha respaldado la interpretación tradicional, asegurando que EE.UU. siga siendo uno de los pocos países en el mundo que otorga ciudadanía a casi todas las personas nacidas en su territorio.
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